El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, reiteró hoy el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez por la transición justa, como lo muestra la concesión de 12,4 millones de euros para impulsar 17 proyectos en ayuntamientos gallegos afectados por los procesos de cierre de centrales térmicas (As Pontes y Meirama).

José Miñones avanzó la resolución del convocatoria de ayudas a la mejora de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios afectados por la transición energética, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La resolución fue hecha pública hoy por el Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

José Miñones reiteró la apuesta del Gobierno por la “revolución verde en Galicia” la el apoyo a los ayuntamientos afectados por el cierre de las centrales térmicas, dando “oportunidades reales” para el desarrollo social y económico de los municipios e impulsando nuevas iniciativas empresariales que creen empleo y futuro en estos ayuntamientos.

La resolución publicada hoy es un ejemplo de este apoyo, con el impulso a 17 proyectos que se ejecutarán en inmuebles y espacios públicos municipales y sobre bienes de dominio público. Los 17 proyectos se desarrollarán en 12 ayuntamientos de la provincia de A Coruña y en dos ayuntamientos de la provincia de Lugo, tal y como se detallan a continuación:

“Hablamos de proyectos que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía de estos municipios, mejorando servicios sociales, culturales y de emprendimento, y contribuyendo a la mejora ambiental de zonas verdes y urbanas de distintas localidades”, destacó el delegado. José Miñones hizo hincapié en que gran parte de los proyectos se desarrollarán en municipios de reto demográfico, “que tienen habitualmente más dificultades para afrontar grandes inversiones”.

El delegado recordó que el Gobierno puso en marcha el pasado verano una Oficina de Transición Justa en el centro de empresas Seara, en las Pontes, y que está gestionada por técnicos de la empresa pública Tragsa. Esta oficina está la disposición de los 19 ayuntamientos con convenios de transición para perfilar sus candidaturas y captar los máximos fondos posibles de las distintas líneas de ayudas y de apoyo a la inversión productiva en estos territorios.