La UNED está acogiendo esta tarde una jornada centrada en la Ley 1/2025 sobre la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que comenzará a aplicarse el próximo mes de abril, con la intervención del Presidente del Banco de Alimentos de Melilla, Pedro Paredes; la Directora del Área Funcional de Agricultura de la Delegación del Gobierno, Isabel Bassets; y el responsable de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del Proyecto Plan B, José Manuel Marco.
Tal y como ha subrayado Pedro Paredes se trata de “una ley fundamental” aprobada en las Cortes la pasada primavera y que supone “una oportunidad” para trabajar en tres ejes: recuperar alimentos aptos para el consumo y entregarlos a las familias, avanzar hacia una sociedad más sostenible en el uso de los recursos naturales y facilitar que las empresas locales puedan recuperar parte de los costes económicos a través de las donaciones al Banco de Alimentos.
En este sentido, ha recordado que el Banco de Alimentos está reconocido como entidad de utilidad pública, lo que permite a las empresas acceder a desgravaciones fiscales “bastante importantes”. Asimismo, ha animado al tejido empresarial, incluso a aquellas compañías a las que no les sea obligatoria la ley, a no tirar alimentos y donarlos para que lleguen a familias necesitadas, insistiendo en que, además del impacto social, pueden recuperar parte de la inversión realizada.
Paredes también ha puesto en valor la presencia de los dos ponentes invitados, a quienes ha definido como expertos en la materia, para que las empresas conozcan los aspectos esenciales de la norma antes de su entrada en vigor el 1 de abril y para contribuir a una Melilla “más grande, más sostenible y más solidaria”.
Obligaciones, jerarquía de prioridades y régimen sancionador
Por su parte, Isabel Bassets ha explicado que la ley entrará en vigor el 1 de abril se aplica a empresas con una superficie total superior a 1.300 metros cuadrados o con más de diez trabajadores. También se contempla el caso de pequeños agricultores -aunque en Melilla no los hay- y se establecen exenciones para empresas con determinados umbrales de facturación.
Entre las obligaciones recogidas en el artículo 6, ha señalado la necesidad de contar con un plan de prevención de pérdidas que incluya la gestión, la economía y la forma de realizar compras “lo más sostenible o más justa posible” para reducir excedentes. En caso de que estos se produzcan, la norma establece una jerarquía de prioridades: primero, donación para consumo humano; si no es posible, para consumo animal; y, en última instancia, para otros usos industriales o compostaje.
Además, las empresas deberán formalizar y firmar contratos con asociaciones receptoras de alimentos excedentes, en los que se especifique la cuantificación, periodicidad de recogida, tipo de producto y mantenimiento de la cadena de frío. Tanto el plan de prevención como la jerarquía de prioridades y los acuerdos de donación deberán estar documentados por escrito.
Bassets ha recordado que corresponde a las comunidades autónomas velar por el cumplimiento de la norma y ha detallado que el régimen sancionador contempla infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden ir desde 2.000 euros o apercibimientos hasta 500.000 euros, según la gravedad del incumplimiento.
En cuanto a los datos, ha indicado que en 2024 se desperdiciaron en España 1.125 millones de kilos de alimentos, de los que la gran mayoría correspondieron a los hogares. Ha precisado que el desperdicio se redujo un 4% en los hogares y un 8% en las empresas respecto al año anterior, y que desde 2021 se observa una tendencia descendente gracias a las campañas de sensibilización.
“Es de sentido común que cuanto menos tiremos, mejor para todos, para el planeta y para la sociedad”, ha señalada y ha incidido en que “el alimento más caro es aquel que se tira a la basura”, y que “lo importante es intentar desperdiciar en lo mínimo posible”.
Plan B: trazabilidad, cumplimiento legal y ahorro ambiental
José Manuel Marco ha centrado su intervención en el Proyecto Plan B, definido como la solución de los bancos de alimentos para ayudar a los donantes a cumplir la ley. Ha explicado que una de las obligaciones clave es la trazabilidad, es decir, “saber siempre dónde está el alimento donado”.
El director del proyecto Plan B de FESVAL ha destacado que, tras aplicar medidas de prevención para evitar excedentes, el siguiente paso obligatorio es la donación, y que los bancos de alimentos, con más de 30 años de experiencia, son los receptores óptimos para ello. En el caso del Banco de Alimentos de Melilla, ha recordado que lleva más de 20 años gestionando excedentes y luchando contra el desperdicio.
Asimismo, ha señalado que la plataforma ofrece a las empresas informes sobre el ahorro en emisiones de carbono derivado de no desechar alimentos y reaprovecharlos, lo que facilita también el cumplimiento de las obligaciones medioambientales anuales.
En conjunto, los intervinientes han coincidido en que la nueva normativa, junto con herramientas como el Proyecto Plan B y los acuerdos de donación, refuerza la prevención, la trazabilidad y el aprovechamiento de excedentes, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario y maximizar su impacto social y ambiental.
