Aunque es la primera reunión formal que une en la sede de la Diputación a las instituciones estatales y autonómicas, el trabajo coordinado entre sus representantes se ha realizado desde el inicio de la reconstrucción, manteniendo siempre el contacto. Así lo refleja el informe que elaboró el que fuera Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tras su supervisión de la ejecución de medidas adoptadas y la labor de las administraciones, documento que fue comentado durante este encuentro y que pone de relieve que La Palma es un ejemplo de la colaboración institucional ante catástrofes como la vivida en 2021.

La Diputación del Común tiene un papel fundamental como garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos, más aún en situaciones extremas como la acontecida en la Isla. De ahí que el Comisionado colabore con satisfacción para mantener este pilar esencial que asegura el buen funcionamiento de la democracia. “He sido auditor de profesión muchos años y si hay algo en lo que creo es en el control y la rendición de cuentas”, declaró Izquierdo nada más comenzar el encuentro.

Seguimiento de quejas sobre vivienda y comunidades de bienes

Aunque tras la erupción volcánica se registró un mayor número de denuncias de afectados por el volcán, a día de hoy se trabaja en siete de ellas, relacionadas con tasaciones de vivienda, gestión de ayudas y compensaciones económicas a las comunidades de regantes. “Aunque son pocas quejas, sí son representativas de lo que está pasando en La Palma”, añadió la Diputada del Común. Las relativas a la vivienda están en proceso de dirimir las discrepancias entre tasaciones, lo cual es un proceso lento que acabará resolviendo el propio Consorcio de Seguros.

En particular, Diputación y Comisionado han compartido los próximos pasos que desde los Ejecutivos nacional y autonómico se están dando relacionados con las compensaciones del valor de lo perdido en materia de agricultura. Tras la Comisión Mixta de seguimiento de la Reconstrucción celebrada el pasado viernes en Santa Cruz de La Palma, “se prevé que los agricultores afectados puedan empezar a cobrar sus indemnizaciones a partir de febrero”, aclaró Izquierdo. Detalló, además, que a partir de entonces -como se especifica en la prelación del Decreto del Gobierno de Canarias- se podrá estudiar la compensación de otros colectivos como las comunidades de bienes. “Ya abonadas las ayudas a las primeras viviendas y el sector primario, en tercer lugar se establece la reconstrucción de infraestructuras públicas -que ya está en marcha- y entonces se comenzarán los trabajos para evaluar la segunda vivienda y las comunidades de bienes”, detalló Izquierdo.

La Diputada del Común incidió en la necesidad de comenzar las tasaciones de los regantes, una figura tan específica de Canarias que es fundamental para la recuperación de una isla como La Palma en la que la agricultura representa un porcentaje importante de su PIB. “Hasta ahora no ha ralentizado los tiempos de la reconstrucción, pero si no empezamos a trazar un plan, los agricultores seguirán sin poder tener acceso al regadío tan necesario en su labor”, advirtió Padrón.