Entre las medidas de mayor relevancia para La Palma se encuentra la prórroga durante 2026 de la deducción en el IRPF para las personas con residencia habitual y efectiva en la Isla, una medida que da continuidad al escudo fiscal desplegado tras la erupción y que contribuye a aliviar la carga económica de las familias palmeras y a dinamizar la economía insular. La medida, con efectos desde el 1 de enero de 2026, se estima que beneficiará a unos 35.000 contribuyentes. La norma incluye también la moratoria para los préstamos de los afectados por la erupción y una medida importante de carácter social que afecta a los agricultores que recibieron ayudas durante los primeros años de cesantía de actividad, con el objetivo de que no se contabilice dentro del margen previsto para justificarlas los importes correspondientes al POSEI y evitar así tener que devolverlas.
Especial importancia tiene también la habilitación para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda destinar 100 millones de euros de sus superávits y excesos de financiación pendientes de aplicar a ayudas sobre todo relacionadas con la agricultura. Estos recursos se suman a las herramientas ya puestas en marcha y permitirán seguir atendiendo necesidades que permanecen abiertas y avanzar en actuaciones imprescindibles para culminar la reconstrucción de La Palma.
El Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha destacado que “la aprobación de este Real Decreto-ley demuestra que la reconstrucción de La Palma sigue siendo una prioridad para el Gobierno de España. La erupción terminó, pero sus consecuencias no lo hicieron, y por eso es fundamental que las administraciones sigamos acompañando a las personas afectadas hasta completar el proceso de recuperación”. Izquierdo ha subrayado que “la posibilidad de movilizar 100 millones de euros adicionales para ayudas, junto con el mantenimiento de la deducción del IRPF y el resto de medidas, supone dotar de recursos y seguridad a quienes todavía necesitan apoyo y nos permite seguir avanzando hacia una reconstrucción que no deje a nadie atrás”.
Consulta aquí el Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, así como medidas tendentes a promover la ejecución de inversiones por parte de las comunidades autónomas que han registrado superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a 2026.