El Patronato de Protección a la Mujer se apoyó en una extensa red de juntas nacionales y provinciales, así como en la colaboración de autoridades civiles, religiosas y policiales, lo que permitió la creación de un sistema de vigilancia permanente sobre la población femenina. Las denuncias podían proceder de familiares, vecinos, sacerdotes, docentes o fuerzas de seguridad, de modo que cualquier joven considerada «caída o en riesgo de caer» podía ser sometida a expediente y trasladada a centros dependientes del Patronato.
Este sistema de control respondía al modelo de mujer promovido por el nacionalcatolicismo del franquismo, basado en la obediencia, la pureza moral, la maternidad y la subordinación al varón.
La actuación del Patronato tuvo una notable extensión territorial, con presencia documentada en 29 provincias y ciudades. Su actividad se articuló mediante una amplia red de centros e instituciones distribuidos por todo el territorio, habiéndose identificado hasta la fecha más de 75 organizaciones vinculadas a su funcionamiento, entre reformatorios, colegios, hogares, maternidades y otros espacios destinados a la tutela, internamiento o atención de mujeres y menores bajo su control.
Diversos testimonios e investigaciones históricas han documentado que las condiciones de vida en estos centros se caracterizaban por la vigilancia constante, la imposición de prácticas religiosas, el aislamiento del exterior, la falta de intimidad, la realización de trabajos no remunerados y la aplicación de castigos físicos o psicológicos, así como por presiones dirigidas a que las jóvenes embarazadas entregaran a sus hijos en adopción. Así, la sustracción de bebés fue una práctica que se produjo en el seno de la red del Patronato, con especial gravedad en determinados centros, entre los que destaca el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido como Peñagrande.
El Patronato continuó activo tras la muerte de Francisco Franco, manteniendo centros en funcionamiento durante los primeros años de la transición. Diversos episodios ocurridos en estos centros, entre ellos la muerte de Inmaculada Valderrama, de 15 años, en el reformatorio de San Fernando de Henares en el año 1983, pusieron de manifiesto la persistencia de prácticas incompatibles con el nuevo marco constitucional. Finalmente, el Patronato de Protección a la Mujer fue suprimido formalmente en 1985.
La recuperación de esta memoria ha dado lugar a la creación de asociaciones de víctimas y a la reivindicación de procesos de verdad, justicia y reparación, situando al Patronato de Protección a la Mujer como uno de los símbolos más significativos de la represión específica ejercida sobre las mujeres durante el franquismo.
Por su duración en el tiempo, el número de personas afectadas, su carácter institucional y la vulneración sistemática de derechos fundamentales, el Patronato de Protección a la Mujer constituye un hecho histórico directamente vinculado a la represión ejercida durante la dictadura y a la memoria de las mujeres, que justifican su declaración como Lugar de Memoria Democrática, contribuyendo con ello al recuerdo, al homenaje y a la reparación de quienes sufrieron esta forma de represión, así como a la difusión de los valores democráticos.