Tras el desalojo llevado a cabo durante la pasada noche por la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, la Delegación del Gobierno de España en Madrid informa de que esta intervención culmina un proceso de actuación gradual desarrollado desde el inicio de la acampada, el 26 de septiembre. A lo largo de este periodo, la actuación de la Delegación se ha orientado a garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol:
Garantía de derechos y desalojo como último recurso
Desde el inicio, la Delegación del Gobierno entendió, con el debido asesoramiento jurídico, que la permanencia en la Puerta del Sol quedaba comprendida en el ámbito de protección del derecho fundamental de reunión, al concurrir una pluralidad organizada de personas con una finalidad reivindicativa común y con el propósito de dirigir su mensaje a los poderes públicos y a la opinión pública. En consecuencia, consideró aplicable el régimen jurídico propio de este derecho y solicitó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara su ejercicio pacífico.
Esta consideración se mantuvo mientras la concentración conservó su carácter temporal y una finalidad reivindicativa común. Al mismo tiempo, la Delegación realizó una evaluación continuada de la situación, con asesoramiento jurídico e información policial actualizada, para conciliar el ejercicio del derecho de reunión con la protección de la seguridad, los derechos de terceros y el uso común del espacio público.
El artículo 23.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece que las medidas de intervención en reuniones y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias y que su disolución constituye el último recurso. Por su parte, el artículo 5.b) de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, contempla la suspensión y, en su caso, la disolución cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. Conforme a este marco, la Delegación dio prioridad a la interlocución, a la retirada voluntaria de las instalaciones y a la adopción de medidas concretas para corregir los riesgos detectados, valorando cada actuación de acuerdo con las circunstancias existentes en cada momento.
Durante todo este periodo permanecieron abiertos los canales de coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, así como la comunicación con las administraciones, los responsables del transporte público y las asociaciones empresariales que trasladaron incidencias.
En la línea anteriormente mencionada de interlocución, cabe destacar las comunicaciones mantenidas, en un primer momento, con la asociación “Sindicato de Inquilinas”, convocante de la manifestación desarrollada el pasado 26 de septiembre de 2026, previa a la acampada, así como, con posterioridad, con quienes se identificaron como interlocutores de las personas acampadas.
Estas comunicaciones, mantenidas tanto de forma verbal como escrita, han supuesto la oportunidad de resolver situaciones de mayor o menor riesgo, como la protección de la fachada de la Real Casa de Correos para evitar su degradación, o la retirada ordenada de elementos sobre los respiraderos de Metro de Madrid, para llevar a cabo labores de limpieza.
Estos contactos han conseguido también avances en la desocupación progresiva en este espacio, como se viene observando desde hace dos semanas.
Todo este trabajo culminó el lunes 26 de octubre, siendo Francisco Martín el delegado del Gobierno de España en Madrid, con la remisión de un escrito a los acampados desde Delegación. En dicho escrito, se les informaba de que la Delegación había venido protegiendo el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación pero que, no siendo este derecho ilimitado, había trascurrido un periodo de tiempo razonable en el que se ha podido hacer llegar sus reivindicaciones a la sociedad. Además, se señalaba en el escrito tener constancia del cambio de las circunstancias y naturaleza de la acampada de la que se han retirado algunas de las organizaciones participantes y conociendo que un gran número de pernoctaciones en el campamento es de personas sin hogar, así como otros colectivos vulnerables, perdiendo, por tanto, el objetivo inicial de la misma. Con todo ello, se informaba a los acampados de que podría resultar legítimo poner fin a dicha acampada.
Días más tarde, y tras no obtener respuesta al anterior escrito, el 29 de octubre, siendo delegada Pilar Trinidad, se remitió un segundo escrito en el que, recogiendo todo lo señalado anteriormente, se pasaba a exigir el desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad.
Al día siguiente, 30 de octubre, se traslada a esta Delegación por parte de los interlocutores que se procede a disolver todas las comisiones mediante las que se ha venido organizando la acampada reivindicativa, dejando constancia de que su reivindicación inicial ha terminado. A pesar de ello, en el espacio quedan residualmente algunas personas acampadas que se niegan a retirarse.
En este contexto, la Jefatura Superior de Policía de Madrid puso en conocimiento de la Delegación la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada, algunos con afectación directa a personas instaladas en el lugar, transeúntes y agentes actuantes. La evolución de las circunstancias, la persistencia de las instalaciones pese a las comunicaciones efectuadas, las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso.
Durante todo este tiempo, por parte de la Delegación, se ha realizado una acción gradual que, tras no tener la respuesta necesaria por parte de aquellos que residualmente quedaban acampados, la pasada noche desembocaba en una acción policial de desalojo, en coordinación directa con el Ayuntamiento de Madrid y como consecuencia del oficio remitido a la Jefatura Provincial de Policía Nacional por parte de la delegada del Gobierno, pidiendo que se restableciese la normalidad en este punto de la ciudad, llevando a cabo las acciones necesarias, siempre bajo los criterios proporcionalidad y oportunidad y con especial atención a las personas vulnerables.