Tras las últimas informaciones relacionadas con los abogados de oficio de La Rioja y el retraso en los pagos del último trimestre de 2024, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha aclarado que esta demora no es, en ningún caso, por un problema entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Ejecutivo regional, tal y como afirmó la Dirección General de Interior en el escrito que remitió al Colegio de Abogados.
Arraiz Nalda ha insistido en que el Gobierno de La Rioja es la única Administración competente de ello, aunque ponga como excusa de este retraso que el Ministerio no ha transferido los fondos correspondientes. “Podemos confirmar que son falsas las excusas del Gobierno de La Rioja, por lo menos en todo lo que tenga que ver con la transferencia de fondos desde el Gobierno de España porque la Administración competente de ello es exclusivamente la Comunidad Autónoma”, ha señalado.
De esta forma, ha concretado que la Comunidad Autónoma de La Rioja aprobó el Decreto 45/2017 de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, en el que, entre otras cuestiones, se regulan los módulos y bases económicas para la retribución de los abogados y procuradores por las actuaciones profesionales previstas que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En su artículo 48 dispone: 'La Consejería competente en materia de Justicia compensará económicamente con cargo a sus dotaciones presupuestarias las actuaciones correspondientes a la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por el Colegio de Abogados y por el Colegio de Procuradores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja'.
Asimismo, ha añadido que, si se consulta el apartado de la web del Gobierno de La Rioja sobre la asistencia jurídica gratuita, en el apartado de “Preguntas frecuentes”, podemos encontrar: ‘¿Quién paga los honorarios del Abogado de Oficio? El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería competente en materia de justicia, con cargo al presupuesto anual que tiene establecido para prestar este servicio público’.
Por tanto, Arraiz Nalda ha explicado que no existe ninguna partida presupuestaria desde el Gobierno de España al de La Rioja sobre este concepto porque la comunidad autónoma tiene transferidas las competencias en Justicia.
Además, ha confirmado que las comunidades autónomas que carecen de esta transferencia de Justicia, ya abonaron en febrero a los abogados de oficio la cantidad correspondiente al último trimestre de 2024.
“Nos encontramos, por tanto, con un Gobierno de La Rioja incapaz de gestionar correctamente y con falta de previsión para hacer frente en el mes de mayo de 2025 a los pagos que le corresponden de un servicio para la ciudadanía tan importante como es el que desempeñan los abogados de oficio”, ha denunciado.
Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de La Rioja que ofrezca explicaciones oportunas y veraces. “La ciudadanía y los abogados riojanos no quieren un Ejecutivo regional que les engañe; quieren uno que asuma sus errores, si los ha habido, y los subsane”, ha apuntado.
Falta de lealtad institucional
Por otro lado, Arraiz Nalda ha destacado que “la Delegación del Gobierno de España en La Rioja siempre ha demostrado su lealtad institucional a la comunidad autónoma, sin importar su color político, por el interés de la ciudadanía y de la región”. Por ello, la delegada ha opinado que no se demuestra lealtad institucional al evadirse de una responsabilidad y culpar a otra Administración cuando es falso.
“Como tampoco es lealtad institucional -ha concluido- reconocer y valorar que se ha podido construir un carril ciclopeatonal entre Logroño y Lardero gracias a la aportación de casi un millón de euros del Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Para inaugurar un carril ciclopeatonal no se acuerdan de esta Delegación, pero sí para intentar eludir su responsabilidad y culparnos falsamente por no abonar la cuantía correspondiente a los abogados de oficio”.