- El acuerdo establece un marco de actuación coordinada en Castilla La Mancha para garantizar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- El convenio asegura la protección de derechos tanto en casos de victimización como en procesos donde la persona sea presunta responsable de un delito.