El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido hoy, en la sede del Ministerio, la reunión del Consejo de la Memoria Democrática, en la que se ha aprobado el acuerdo de designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, también llamada ‘Comisión de la Verdad’, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Esta Comisión tiene como finalidad contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo, en coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Su creación se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 265/2025, que regula el Consejo de la Memoria Democrática, y está compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos. La presidencia recaerá en Baltasar Garzón Real.
Junto a él, integran la Comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares. Asimismo el Consejo ha designado un grupo de vocales que garantizarán el correcto funcionamiento de la Comisión y estarán junto a los anteriores al frente de las subcomisiones y son: Roberto de Figueiredo Caldas, Jaime Ruiz Reig, Gabriela Echeverria Gutiérrez, Luis Bernardo Fonderbrider, Pilar del Río Sánchez, José María Tomás y Tio, Matías Bailone, Margalida Capellá y Roig , Rosa Ana Alija Fernández y Soledad Luque Delgado.
En conjunto será un grupo de 20 expertos y expertas en derechos humanos, politólogos , historiadores, comunicadores nacionales e internacionales que harán posible un buen diagnóstico de la España de esa época.
La Comisión desarrollará sus trabajos con el objetivo de sistematizar el conocimiento existente y profundizar en aquellos aspectos menos investigados de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, incorporando testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales.
Entre sus funciones, destaca la elaboración de un informe final que incluirá conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.
Para estructurar su trabajo, se han definido distintos ejes temáticos que abarcan, entre otros, la violencia letal y las desapariciones, el sistema represivo, la represión económica, las violencias de género, el exilio, la represión cultural y las consecuencias actuales de la dictadura.
Este organismo contará, además, con una subcomisión específica dedicada a la investigación de los derechos humanos de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad, sin haber cometido ningún delito tipificado.
Compromiso con la memoria democrática
Con esta designación, el Gobierno de España refuerza su compromiso con las políticas públicas de memoria democrática y con el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra y la Dictadura.
La puesta en marcha de esta Comisión supone un paso decisivo en la consolidación de una memoria democrática basada en el rigor, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas.
