Estas indemnizaciones incluyen también la compensación de las carreteras de la Costa - Las Norias ya que, como argumenta Héctor Izquierdo, “todas las indemnizaciones tienen que estar en sintonía con esa cantidad porque, en caso contrario, habría agravios y se podría judicializar la reconstrucción, algo que no está ocurriendo en estos años y es uno de nuestros objetivos: que los procesos jurídicamente se vayan cumpliendo”.
Durante la reunión celebrada se estudiaron las vías que existen desde el Gobierno de España para aprobar los artículos que afectan a La Palma, conviniendo que el Real Decreto Ley sería el más adecuado, ya que el resto de medidas que se han ido aprobando para la Isla se han ido adoptando a través de este instrumento del Consejo de Ministros. En este sentido, el Comisionado explica que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, necesaria para aprobar este tipo de directivas, ya está preparada. El Real Decreto tiene que ser ratificado en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes. En concreto, “la deducción del 60% para los palmeros se cobrará con efecto retroactivo a fecha de uno de enero de 2025 cuando hagamos la declaración; y lo importante es que vaya fluyendo y dinamice la economía en la isla”, explica el Comisionado.
El segundo artículo relacionado con las ayudas a la agricultura, se aprobaría próximamente en el Consejo de Ministros, se ratificaría al mes en el Congreso y entonces se hace la transferencia desde el Tesoro estatal al Gobierno de Canarias, en concreto la Consejería de Presidencia. A partir de ahí se reparte entre los afectados. Desde el Ejecutivo Autonómico declaran tener muy avanzados este tipo de expedientes, comprometidos en torno a los 90 millones de euros. “Teniendo en cuenta que se tienen que publicar los listados de propietarios afectados, debe pasar un mes por si hay algún tipo de reclamación y ordenar el pago, en un escenario optimista pero realista las ayudas a los agricultores se cobrarían en febrero”, adelanta Izquierdo.