Conocidas las peticiones de las instituciones locales, desde el Comisionado se elabora un marco en el que establecer, junto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las líneas de trabajo a seguir para reforzar las políticas activas de empleo y apoyar la reconstrucción económica y social de la isla. Izquierdo destacó que “como hemos visto durante estos tres años que se han aprobado planes de empleo específicos para La Palma, gran parte del impulso económico pasa por incentivar la empleabilidad, la formación y la orientación empresarial y profesional”.
Más de 135 millones en materia laboral
Esta nueva transferencia de 12 millones, que se realiza a través de subvención directa a la Comunidad Autónoma, se suma a las que el Estado ha ido realizando tras la erupción volcánica, permitiendo dar continuidad a los programas puestos en marcha en ejercicios anteriores. En el año 2022 se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado una partida para el Plan Extraordinario de Empleo y Formación de 63 millones de euros, que en 2023 pasó a ser de 30 millones y sumó otros 30 más para el último trimestre de 2024 y todo el 2025. En total se han destinado a políticas de empleo, más de 123 millones de euros exclusivos para La Palma. “Para ponerlo en contexto, el Plan de Empleo Estado-Canarias destina para todas las islas 45 millones de euros en 2026, con lo que podemos imaginarnos el impacto que estas cantidades suponen para el mercado laboral palmero”, explica el Alto Cargo de la Administración nacional.
Las actuaciones previstas en estos planes de empleo incluyen medidas para mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables, formación profesional, contratación de desempleados y apoyo a sectores estratégicos. La filosofía es la de dar oportunidades a personas paradas, para que logren integrarse en el mercado laboral. “Aunque el mayor reto es integrarse en la dinámica laboral privada, ya que los planes de empleo públicos tienen una duración máxima fijada”, advierte Izquierdo. “Siempre estaremos al lado del afectado buscando soluciones a sus demandas y, a medida que el volumen de necesidades desciende, en paralelo con el aumento de las tasas de empleo y de crecimiento poblacional, se produce una desescalada orgánica de inyección pública y la atención se mantiene desde otros niveles de Administración, bien sea autonómica o local”, aclara.