En primer lugar, la Delegación del Gobierno en Madrid quiere dejar claro que, a esta hora, no ha recibido por cauces oficiales la información adicional que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado públicamente que iba a remitir en relación con estos expedientes.
No existe bloqueo o inacción por parte del Gobierno de España. Se trata de una afirmación irresponsable y políticamente interesada, con la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende ocultar sus propias responsabilidades con los menores que se encuentran bajo su tutela.
La Delegación de Gobierno reitera que, desde la recepción de las solicitudes formuladas por la Comunidad de Madrid, esta Delegación ha venido desarrollando las actuaciones previstas en la normativa vigente, con arreglo a la Ley Orgánica 4/2000 y al Real Decreto 1155/2024, que regula el procedimiento aplicable a estos supuestos. No existe bloqueo, existe cumplimiento de la ley y defensa del interés superior del menor.
La expulsión de un menor extranjero no acompañado no puede acordarse de manera automática e inmediata como pretende hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La legislación exige una tramitación individualizada, siempre con garantías y basada en el interés superior del menor. Las decisiones que se tomen tienen que estar sustentados en informes preceptivos que permitan valorar adecuadamente la situación personal, familiar y social de cada menor, así como las condiciones reales de retorno.
En este sentido, la Delegación del Gobierno ya comunicó al Gobierno de la Comunidad de Madrid que había iniciado los trámites correspondientes y que había solicitado, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, los informes de las representaciones diplomáticas de los países de origen de los menores. Sin esos informes, no puede adoptarse una decisión con las garantías que exige la ley.
Por tanto, resulta profundamente grave presentar como una supuesta “inacción” lo que, en realidad, es el cumplimiento estricto de las garantías legales que protegen a los menores. La Delegación del Gobierno no hará de la protección de la infancia un instrumento de confrontación institucional, como pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Delegación del Gobierno recuerda, además, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es la administración competente en materia de protección y tutela de los menores que se encuentran bajo su guarda. Es exigible, por tanto, que ejerza plenamente sus responsabilidades de atención e integración, con humanidad y sentido común.
La Delegación del Gobierno en Madrid seguirá actuando con absoluta lealtad institucional, rigor jurídico y pleno respeto al interés superior del menor, que, recordamos, debe prevalecer siempre por encima de cualquier estrategia partidista o amenaza judicial del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Son niños, niñas y adolescentes bajo protección y cualquier decisión que les afecte se tomará con garantías y respeto a la ley.