El Congreso de los Diputados vota este jueves que el Gobierno de España condone 448 millones de euros de deuda para La Rioja, lo que supone reducir la deuda de la región a casi a la mitad, con un descenso del 28 por ciento respecto al cierre registrado en 2023.
La norma, que afronta el debate de totalidad en el Congreso, permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda del FLA, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, ahorrar en el pago de intereses y ganar autonomía financiera.
De esta forma, a La Rioja le permitiría un ahorro en el pago de intereses de 58 millones, lo que supondría liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar.
Sin agravios comparativos, del total de 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el Partido Popular.
La metodología para el cálculo de la condonación responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades.
Financiación récord para La Rioja
El objetivo de la medida es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las CCAA en la crisis financiera por la falta de apoyo del Gobierno de entonces.
Algo que contrasta con el apoyo del Gobierno actual, que permite a La Rioja recibir en 2026 una financiación récord de 1.462 millones (entregas a cuenta + liquidación), lo que supone un incremento del 54,5 por ciento respecto a 2018, último año de Gobierno de Rajoy.
La quita de la deuda es compatible con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que para La Rioja supondrá 25 millones adicionales.
Asimismo, el Congreso también votará este jueves nuevamente que La Rioja cuente con un margen presupuestario de 44 millones de euros.
Por ello, resulta incomprensible que el PP se oponga a estas medidas que permitirían destinar a las comunidades autónomas más recursos para financiar e impulsar a los servicios públicos.