La subdelegada del Gobierno, María Rivas, mantuvo esta mañana un encuentro con representantes de organizaciones feministas, y mujeres referentes en la lucha contra la violencia de género, para reivindicar y poner en valor los avances en materia de igualdad que se produjeron en nuestra sociedad luego de la aprobación hace 20 años de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En la tertulia alrededor de los cambios que supuso la Ley 1/2004 participaron, entre otras mujeres referentes, la Valedora del Pueblo, María Dolores Fernández Galiño, premio Meninas 2019 y la jueza Paz Filgueira, premio Meninas 2023 y primera jueza del primero juzgado de violencia de género que se implantó en Galicia. También participaron desde tertulia, la exparlamentaria gallega Carmen Cajide; la ex Diputada en Cortes Xeráis, Carmen Marón; la presidenta de FADEMUR premio Meninas 2021, Verónica Marcos así como representantes de UGT, CCOO, Mujeres Salgadas, Foro Feminista de Lugo, Periodistas Gallegas, la Coordinadora de las Unidades de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, María Debén y la directora del Centro de Inserción Social de A Coruña, Carla García.
La subdelegada recordó que la Ley fue un pilar fundamental en la lucha contra la violencia de género y en la promoción de la igualdad en España. Mejoró la protección y asistencia a las víctimas, sensibilizó a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género e impulsó avances significativos en materia de igualdad.
Esta ley, a la que siguió la aprobación del Pacto de Estado para dotarla de los fondos necesarios para su puesta en funcionamiento, sentó las bases para una sociedad más justa y equitativa, donde la violencia de género no tiene cabida y donde se promueve el respeto y la igualdad para todas las personas.
Desde su promulgación, la ley aseguró una intervención multidisciplinar para las mujeres víctimas de violencia de género, garantizando derechos de información, asistencia social integral, apoyo psicológico, asistencia jurídica y ayudas económicas. Esta intervención integral fue crucial para proporcionar un apoyo completo y efectivo a las víctimas, permitiéndoles reconstruir sus vidas con dignidad y seguridad.
Además, la ley contribuyó a visibilizar la violencia de género como un problema que trasciende el ámbito privado, reconociéndolo como una violación de los derechos humanos que afecta a la integridad, libertad y respeto de las mujeres. Este cambio de enfoque fue fundamental para sensibilizar a la sociedad y promover una mayor conciencia.
En términos de prevención y sensibilización, la ley estableció la necesidad de formar específicamente a todos los profesionales que intervienen en casos de violencia de género. Esta formación especializada ha mejorado la capacidad de respuesta de los servicios públicos y fomentó una cultura de tolerancia cero hacia la violencia de género.
La creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer fue otra de las mejoras destacadas de la ley, permitiendo una atención más adecuada y una protección más efectiva para las víctimas, asegurando que sus casos sean tratados con la seriedad y urgencia que merecen.
No ámbito de la igualdad, la ley tuvo un impacto significativo al promover medidas de seguridad tanto para las víctimas como para sus hijos y hijas. Estas medidas fueron esenciales para garantizar la protección y el bienestar de las familias afectadas por la violencia de género.
María Rivas subrayó el compromiso inequívoco del Gobierno de España en la lucha contra las violencias machistas, materializado en los más de 82 millones de euros invertidos en Galicia desde lo 2018 en acciones de prevención y lucha contra la violencia machista. De ellos, más de 73 millones fueron transferidos a la Xunta.
La subdelegada recordó en este sentido, la nueva transferencia de fondos del Pacto de Estado del pasado mes de junio que acerca a la Galicia 1.052.868,12 euros a través de 3 convocatorias: los planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos y hijas, con 63.595,40€; los programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, con 529.755,36€ y programa de derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores, dotado con 459.517,36€