Zaragoza- La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha organizado una jornada sobre documentación y extranjería en la campaña agrícola. De la mano de responsables de Extranjería, Inspección de Trabajo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han expuesto la normativa y novedades de cara a la contratación de personas migrantes en el campo, en especial para las labores de aclareo y recogida de fruta que comenzarán en las próximas semanas en diversas comarcas aragonesas.

El encuentro se celebra en la Delegación de Hacienda de la capital aragonesa y a él asisten representantes de organizaciones agrarias, empresas del sector y asesorías y firmas de trabajo temporal. Ha sido inaugurado por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y será clausurado por la subdelegada en Zaragoza, Noelia Herrero.

En la apertura de la jornada, Beltrán ha destacado que “Aragón es una de las regiones productoras de fruta de hueso más importantes de Europa” y ha recordado que “el sector agroalimentario representa del orden del 10% de la economía aragonesa”. Para la campaña de recogida de este año se espera la contratación de entre 20.000 y 25.000 personas, que suponen “un importante impacto económico en nuestro territorio, en especial en áreas habitualmente despobladas”, de ahí que sea fundamental “dar garantía y seguridad jurídica, tanto a trabajadores como a empleadores, en cuanto a condiciones de trabajo y contrataciones en origen o in situ”.

El delegado del Gobierno en Aragón ha apuntado que “la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla ha ido introduciendo paulatinamente mejoras para facilitar la integración de las personas migrantes, también en el mundo laboral, una demanda que nos transmiten tanto las empresas como los sindicatos”. En este sentido, Beltrán ha recordado que las últimas modificaciones facilitan este proceso al acortar los plazos y simplificar la tramitación.

El delegado ha expuesto que “la inmigración representa ya, aproximadamente, un 15% de los trabajadores en activos que tenemos en nuestro territorio”, y ha defendido que el proceso regulatorio extraordinario aprobado por el Gobierno “va a suponer un beneficio económico y social”, porque “son personas que ya están aquí y que las propias empresas están demandando para cubrir puestos de trabajo para los que en este momento no encuentran personal”.

Inspección de Trabajo

Por su parte, Román García, director territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, ponente en la jornada, ha señalado que el proceso de regularización “es una oportunidad, no un problema”. Que este proceso coincida con la campaña agrícola facilitará “que los empresarios se puedan beneficiar para las contrataciones, recurriendo a personas que ya tienen documentación o están en proceso de obtenerla para iniciar la actividad”.

En cuanto a los supuestos detectados por la Inspección en Aragón, García ha explicado que el 90% están en relación con los incumplimientos de personas que carecen de autorización para trabajar. En el último año, Inspección ha detectado en torno a 900 personas en esta situación, que han dado lugar a cerca de 9 millones de euros en sanciones. Solo en la última campaña agrícola, las denuncias fueron 101, que supusieron más de un millón de euros en sanciones. El director territorial ha insistido en que “no sale a cuenta ocupar a una persona en situación irregular, porque las consecuencias son muy importantes, no solo en materia de sanciones, sino de las responsabilidades que se puedan derivar de un accidente o de las prestaciones sociales a las que los trabajadores no tienen acceso”.

Por último, García ha recordado que “cualquier trabajador que está ocupado tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente, a que se le proteja su seguridad y salud con independencia de la situación administrativa que tenga en España”.