La Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla, Laura Segura, ha puesto en valor el avance del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que ya se ha iniciado la ejecución de 235 de las 461 medidas previstas, lo que supone un 51% de cumplimiento durante este año 2025.

Segura ha destacado que “hablamos de un Pacto vivo, que no se queda en el papel, sino que se traduce en acciones concretas para la prevención, la detección y la protección de las víctimas”. En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España ha destinado más de 82 millones de euros en 2025 a la ejecución directa de las medidas del Pacto, a los que se suman otros 200 millones transferidos a comunidades autónomas y entidades locales.

La responsable de la Unidad de Coordinación ha subrayado el papel central del Ministerio de Igualdad, que impulsa la mayor parte de las actuaciones y ha puesto en marcha más de la mitad de las medidas que tiene asignadas, con una inversión superior a 53 millones de euros. “Existe una apuesta firme por reforzar las políticas públicas frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, con recursos económicos, coordinación interinstitucional y nuevas herramientas legales”, ha señalado.

Entre las actuaciones impulsadas este año, Laura Segura ha destacado iniciativas clave como el avance del anteproyecto de Ley contra la violencia vicaria, el refuerzo de los programas de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual, así como el impulso a un uso eficaz y transparente de los fondos del Pacto de Estado por parte de todas las administraciones.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla en ámbitos como la inserción sociolaboral de las víctimas, la sensibilización social y la mejora de la comunicación con perspectiva de género, “elementos fundamentales para una respuesta integral y sostenida frente a la violencia machista”.

Por último, Segura ha recordado que el Pacto de Estado cuenta con una importante dotación económica y con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, lo que, a su juicio, “demuestra que la lucha contra la violencia de género debe ser una política de Estado, basada en el consenso, la responsabilidad y la protección efectiva de las mujeres y sus hijos e hijas”.