La Delegación del Gobierno en Melilla ha celebrado este miércoles una nueva reunión de coordinación interinstitucional para el seguimiento de la atención y protección de los menores migrantes no acompañados, presidida por la Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, en el marco del cumplimiento del Real Decreto Ley 2/2025, que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y del Real Decreto 658/2025, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
En el encuentro han participado el Secretario General de la Delegación del Gobierno, la Directora del Área de Trabajo e Inmigración, así como responsables de la Jefatura Superior de Policía, la Comandancia de la Guardia Civil, la Fiscalía de Área de Melilla, la Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma y la médico forense.
Durante la reunión se ha analizado la evolución de los expedientes y el grado de cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa, teniendo en cuenta que el próximo 19 de marzo todos los menores deben estar reubicados conforme a lo previsto en la ley.
En este sentido, la Delegada del Gobierno ha sido clara al señalar que, a fecha 20 de noviembre, la Ciudad Autónoma debía haber remitido 76 expedientes, correspondientes al número de menores a trasladar para ajustarse a las ratios establecidas. Sin embargo, en ese plazo solo se entregaron 30 expedientes, lo que ha obligado a seguir remitiéndolos de forma progresiva.
Moh ha recordado, además, que a estos traslados se suman los 30 menores que ya han sido reubicados al amparo del artículo 15, subrayando la necesidad de acelerar el proceso para cumplir con los tiempos legales.
Incoherencia política del Partido Popular
La Delegada del Gobierno ha denunciado la incoherencia del Partido Popular, al recordar que votó en contra de esta normativa en el Congreso, mientras que posteriormente la aplica tras haber solicitado la contingencia migratoria.
“Se vota en contra de la medida, pero después se aplica. Es una incoherencia evidente”, ha señalado Moh, quien ha defendido que se trata de una norma “beneficiosa”, ya que introduce mecanismos de solidaridad entre territorios para dar respuesta a situaciones de especial presión migratoria.
En este punto, la Delegada ha insistido en que “tenemos que apoyarnos como unidad, como país”, subrayando que cuando un territorio se encuentra en una situación más vulnerable o crítica, “el resto del territorio tiene que ser solidario”, siempre pensando en “el interés y el bien superior del menor”. “Hablamos de personas y, en este caso, de personas especialmente vulnerables, porque son menores”, ha recalcado.
Cumplimiento de la ley y defensa de los derechos humanos
Desde la Delegación del Gobierno se ha reiterado que el trabajo se está realizando “con rigor, responsabilidad y sensibilidad”, en cumplimiento estricto de la ley y de los autos del Tribunal Supremo, y en línea con lo expuesto recientemente por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien subrayó que el Gobierno de España “ha cumplido con el proceso de reubicación de los menores migrantes no acompañados”.
En este sentido, el Gobierno de España ha insistido en la necesidad de que las administraciones competentes agilicen los trámites, especialmente en el caso de los menores que llegaron antes de la aprobación de la ley, para poder resolver los expedientes dentro del plazo establecido.
Compromiso con la infancia migrante
Con este encuentro, la Delegación del Gobierno refuerza su compromiso con la protección de la infancia migrante y con la cooperación institucional como vía imprescindible para garantizar los derechos de todos los niños y niñas que llegan a Melilla en situación de especial vulnerabilidad.
Desde la Delegación se continuará realizando un seguimiento permanente del proceso, exigiendo responsabilidad a todas las partes implicadas y priorizando, en todo momento, el interés superior del menor.
