El Gobierno de España ha hecho entrega hoy, en un acto institucional celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, de los restos mortales de D. Cecilio Ruiz de Loizaga y D. José Severo Arregui Lasa, exhumados del Valle de Cuelgamuros y restituidos a sus familiares, culminando así un largo proceso de reparación y dignidad en el marco de las políticas públicas de memoria democrática.
El acto ha estado presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, otros representantes institucionales, el equipo técnico forense responsable de las exhumaciones y familiares de las víctimas.
El secretario de Estado de Memoria Democrática ha subrayado durante su intervención que “la restitución de los restos a sus familias no es sólo un acto administrativo, sino un compromiso ético del Estado con la verdad, la justicia y la reparación”, recordando que los restos de estas dos personas fueron trasladados al entonces Valle de los Caídos en 1959 sin el consentimiento de sus familias.
Cecilio Ruiz de Loizaga, fallecido en 1939, a los 26 años, y José Severo Arregui Lasa, muerto en 1938, a los 19 años, por heridas de arma de fuego, fueron enterrados inicialmente en Mondariz (Pontevedra). Décadas después, sus restos fueron trasladados al Valle junto a otros cuerpos, en un procedimiento que vulneró el derecho de las familias a decidir sobre el destino de sus seres queridos que perdieron la vida.
El director del Equipo Técnico Forense, Francisco Etxeberria, ha defendido el “trabajo científico y riguroso desarrollado para la identificación y exhumación de los restos, destacando la importancia de la colaboración institucional y el acompañamiento a las familias durante todo el proceso”.
El acto ha contado también con la intervención de familiares de ambas víctimas, que han expresado su emoción y agradecimiento por este gesto que para ellos representa el cierre de una herida abierta durante más de ocho décadas.
La entrega de los restos, acompañados de los informes técnico-forenses y una rosa blanca, se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que garantiza el derecho de las familias a recuperar a sus seres queridos y a darles una sepultura digna.
Con este acto, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la memoria democrática, basada en el respeto, la dignidad, los derechos humanos y contribuyendo a la verdad histórica y a la convivencia desde el reconocimiento y la reparación.
